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Salud

¿Dejar la decisión de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a los pacientes? Los farmacéuticos dicen NO

  • El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud da luz verde a la posibilidad de que los trabajadores esenciales menores de 60 reciban la segunda dosis de AstraZeneca siempre y cuando firmen un consentimiento informado.
  • Los expertos coinciden en calificar como error el dejar recaer en la sociedad el peso de una decisión de tal calado: "este tipo de decisiones necesitan un criterio científico y profesional y deberían ser aprobadas por unanimidad en el Sistema Nacional de Salud".

20 mayo, 2021

Rebeca Gil

Ayer por la tarde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) daba luz verde a la posibilidad de que aquellos trabajadores esenciales menores de 60 que fueron vacunados con una dosis de AstraZeneca puedan recibir la segunda dosis de la misma vacuna siempre y cuando firmen un consentimiento informado. Es decir, se deja en manos del paciente la decisión.

Y es que la opción del Ministerio ha sido siempre la de administrar a este sector de la población otro tipo de vacuna, la de Pfizer, basándose únicamente en los resultados del estudio CombivacS y en contra de lo aprobado y recomendado por la Agencia Europea del Medicamento.

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La respuesta de la comunidad científica no se ha hecho esperar. La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha sido una de las que ha manifestado su rechazo a esta decisión.

La SEFAC, tal y como ya expuso el pasado mes de abril, y al igual que lo hicieron otras sociedades científicas, considera que «no existen razones ni evidencias científicas que aconsejen demorar más la vacunación de los colectivos afectados y mucho menos hacerlo con una vacuna distinta a la inicialmente administrada, en este caso la vacuna de AstraZeneca (Vaxzevria®). Esta opinión también fue respaldada en su día por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)».

Como ya hemos visto, la decisión de Sanidad se apoya en el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (CombiVacs). Sin embargo, SEFAC opina «que los resultados preliminares de estudio (que avala el uso de vacunas distintas) es muy limitado, tanto por su duración (se inició el pasado abril) como por el número de pacientes incluidos en la muestra (menos de 700) y no supone una alternativa con garantías suficientes para la seguridad del paciente».

Los farmacéuticos consideran, además, que «ha faltado transparencia en la información referente a la realización de este estudio y que la decisión de Sanidad no puede justificarse en sus resultados, ya que el resto de la evidencia científica disponible no avala el uso de vacunas distintas y transmite un mensaje de confusión y desconfianza en la población hacia la seguridad de las vacunas».

Por ello, SEFAC cree que si existen otras motivaciones para cumplir con la pauta prevista inicialmente deben explicarse para que los colectivos afectados y el resto de la sociedad sean conscientes y puedan entender esta decisión que no goza del consenso necesario que debería regir las decisiones en materia de salud pública.

¿Dejar la decisión de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a los pacientes?

La elección no debe estar en manos del paciente

Respecto a que sea el paciente el que decida qué tipo de vacuna quiere que le administren para completar la pauta de vacunación, la SEFAC opina que «no debería dejarse en manos de la población afectada la decisión de recibir o no una segunda dosis de AstraZeneca si no desea la de Pfizer».

Y es que esta sociedad científica «este tipo de decisiones necesitan un criterio científico y profesional y deberían ser aprobadas por unanimidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS)».

Además, la decisión del Ministerio supondría, según la SEFAC, «un despilfarro en vacunas, en caso de que finalmente no se utilicen las dosis de AstraZeneca que estaban previstas en un primer momento».

Por último, SEFAC reitera una vez más su continua predisposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para contribuir a un mejor abordaje de la pandemia y de la vacunación en beneficio de la población.

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